Los estatales no cobrarían en término si la Nación dilata el envío de 372 millones para la deuda y la Caja de Jubilaciones. El gobernador Juan Schiaretti reconoció la posibilidad de demorar el pago de salarios a los trabajadores de la administración pública si la Nación no cancela, en los siete días que le quedan al mes de agosto, la deuda que mantiene con el Gobierno provincial. Por su parte el ministro de Finanzas Elettore dijo que "las jubilaciones se pagarán con normalidad" y que la demora con los activos duraría hasta que la Provincia alcance –entre recursos propios más la coparticipación– los fondos necesarios para hacer frente al pago de 126.065 salarios, lo cual implica unos 230 millones de pesos para 89.200 jubilados y pensionados, y 360 millones de pesos en cinco días para los agentes activos. El ministro descartó, por el momento que se esté estudiando la alternativa de las cuasimonedas pero insistió que “lo estamos analizando, pero lo cierto es que hay muchas provincias con dificultades y más graves que las de Córdoba" e indicó que hay al menos 10 provincias con complicaciones, pero resaltó que Córdoba "no demoró el pago a proveedores y contratistas"*.
Los pagos que exige Córdoba a la Nación obedecen a dos compromisos: la financiación del déficit de la Caja de Jubilaciones, a razón de 64,2 millones de pesos mensuales; y la refinanciación de los pagos de la deuda, que son 60 millones al mes. Al mes de agosto, el Gobierno nacional adeuda tres meses de ambos compromisos, lo que suma 372,6 millones de pesos: incluso más que la nómina salarial de un mes*.
Números Rojos: Si bien el déficit de la caja de jubilaciones de la provincia es un viejo tema, atento que la administración provincial durante muchos años fue poco eficiente en su manejo, al permitir, entre otras acciones, jubilaciones extraordinarias a funcionarios con escasos o nulos años de aportes; pareciera que los desmanejos administrativos-económicos y las injustas aplicaciones de los recursos superaron a los aportes que los cordobeses realizan a las arcas de la caja jubilatoria de la provincia: el 12 % de aporte que los sueldos de los trabajadores activos realizan, y el descuento en el haber de los jubilados provinciales, no han logrado paliar el déficit de la caja.
Una vez mas las autoridades provinciales evalúan el pago en cuotas se rumorea la la evaluación de bonos o cuasimoneda; pero no se encuentra en su agenda de gobierno dejar de condonar la última cuota del impuesto rural que beneficia a los productores agropecuarios de la provincia. Tampoco parecen querer hacer frente a los reclamos de los trabajadores de los gremios docentes, UEPC y empleados públicos, SEP que programan realizar otra protesta por el aumento de haberes.
El gobernador Schiaretti anhela que se transforme en realidad lo que le manifestó la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, en su último encuentro: “ que se iban a poner al día”, y esta molesto por la suspensión que el Ministerio de Economía, realizó sobre la colocación de títulos de deuda provincial por 150 millones de dólares, lo cual no solo iba a reforzar la obra pública, sino también oxigenar hasta fin de año las finanzas mediterráneas. Una vez mas las autoridades provinciales evalúan tomar medidas recesivas que afectan a los trabajadores, docentes, jubilados, pero continua impulsando sus alianza con el sector productivo, la industrial y el campo.
La Córdoba “castigada” y “discriminada” desde el conflicto con el campo y las elecciones legislativas pasadas, es el estandarte de las autoridades provinciales para sus reclamos ante la Nación ante todo micrófono que se cruce en su camino, extendiendo sus dudas a toda la administración financiera del kirchnerismo. Pero, solo tres meses atrás, el 09/05/09, en declaraciones radiales*, el Gobernador Schiaretti aseguró que Córdoba no tendrá ninguna dificultad financiera y se dijo optimista sobre el futuro económico de la provincia. Argumentó, en el mes de mayo, que eso se debe a que ahorraron en gastos, que la coparticipación del segundo bimestre fue mayor que la del primero y que inclusive la autorización de la Nación del año pasado, para gestionar créditos por 150 millones de dólares, no la va a ser usada.
Preocupa que, estos atrasos de la Nación con la Provincia y los reclamos altisonantes de la Provincia a la Nación, continúen enmarcados solo dentro de las disputas de poder político de cara a futuras alianzas y comicios electorales.
En una provincia con recursos y capital humano potencialmente viable, toda la agenda del estado provincial depende si se remiten o no los fondos desde el poder central y si se tiene o no dialogo con uno u otro funcionario.
Las autoridades provinciales, parecen estar lejos de la realización de políticas públicas provinciales sustentables que dejan de lado la pelea permanente.
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