miércoles, 3 de marzo de 2010

Contra el odio, la dura mejilla de luchar Por Julio Piumato(*)

La Presidenta Cristina Fernández fue clara al explicar con tranquilidad, uno a uno los logros económicos, políticos e institucionales de su gestión gubernamental. Con grandeza de estadista, y firmeza de militante de mil batallas, le contrapuso la otra mejilla, curtida de dolores y de sueños, al odio de clase con que la trata permanentemente esa oposición discontinuada.
Una rubia diputada nacional, incluso, había llegado a la desmesura de promover un boicot a la Asamblea Legislativa del año en que la Argentina celebra el Bicentenario de su nacimiento. Afiebrada, pensaba que tras de sí iban a seguirla cerca de la mitad de los legisladores. Falló. Algún sentido de la vergüenza o de la historia se activó en ellos; una vaga referencia a algo más trascendente que su mezquino interés político inmediato se prendió al fondo de su subjetividad, y dejaron sola a Elisa Carrió. Mas no ocurrirá siempre así: esa obtusa oposición ya está pergeñando nuevas estrategias destituyentes.
A los judiciales, por su parte, la Presidenta nos planteó un reto muy particular. Desenmascarar con nuestra lucha de todos los días, a aquellos magistrados que “fallan de acuerdo a la tapa de Clarín, y no de acuerdo al Código Civil y al Código Penal”, que es lo que debieran hacer en virtud del alto cargo institucional que ejercen. En ese juego andamos hace años.
A la vez que libramos una batalla por mejor salario, por emparejar la brecha existente en la diferente remuneración para jueces y empleados, por participar junto a la Corte Suprema del manejo de nuestra querida Obra Social, a la que trabajadores y magistrados aportamos en porcentaje semejante, por lograr una ley de previsión que permita a los empleados y empleadas, no importa a cuál escalafón pertenezcan, retirarse con el mismo porcentaje de jubilación que lo hacen los jueces, por un ingreso democrático a la Justicia, libre de amiguismos o favoritismos de cualquier especie; también enfrentamos políticamente a aquellos jueces a los que la Presidenta aludió en su discurso ante la Asamblea Legislativa. El año pasado estuvimos a las puertas de lograr una ley que significaba un gran avance en estas peticiones. Pero los jueces impusieron su poder de lobby y no pudimos conseguirla. Todavía. Por ahora, sólo por ahora.
Por eso enfrentamos a esos jueces a los que se refirió Cristina. Y los enfrentamos en el mismo momento, al librar esas mismas luchas. Sabemos que ninguna de nuestras demandas sectoriales está separada de las demás. Ninguna se libra independientemente de las otras. No es casualidad que esos mismos jueces que leen la tapa de los diarios más influyentes para decidir sus fallos, se opongan, uno a uno, a todos nuestros reclamos laborales y salariales.
En la Justicia, como en todos los ámbitos de la sociedad argentina, son ellos o nosotros.
No es casualidad que esos jueces que parecieran trabajar para los grupos económicos más concentrados, y se desayunan con La Nación, y con América o TN se acuestan por las noches, sean quienes demoren los juicios a los genocidas de la dictadura, quizás esperando que en la Argentina nazca un nuevo gobierno, otro, que represente, también, a quienes “están de acuerdo” con Jorge Rafael Videla, como si fuera una posibilidad que brinda la democracia: estar de acuerdo con un genocida y violador de los más elementales derechos humanos.
No es casualidad que uno de los ministros de la Corte Suprema de más antigüedad en el Tribunal, asumido como feroz antiperonista, haya permanecido incólume en su cargo durante los últimos 27 años de legalidad republicana, y recién ahora hable cada mañana ante todos los cronistas de las radios y televisoras, sobre el acontecer del país, como un opinólogo, y hasta cruce sin pudor la frontera que su cargo le traza, sugiriéndoles escandalosamente a los jueces de los tribunales inferiores qué debían fallar sobre el Fobic. No es casualidad que su fobia contra el gobierno lo haya llevado a ser el único de los actuales jueces de la Corte que votara en contra de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas por el alfonsinismo mientras él ya era cortesano.
No es porque sí, que sean esos mismos jueces quienes no quieren que los trabajadores judiciales nos jubilemos con el 82 % móvil, como sí lo hacen ellos. No es porque sí que sean esos mismos jueces los que se callaron bien la boca cuando sus nombres figuraban en la extensa lista que Domingo Cavallo escribía sigilosamente en servilletas de papel.
No faltará el juez o jueza que, más pronto que nunca, fallará sobre las Malvinas, adjudicándole derechos de soberanía al Reino Unido. No faltará la jueza o juez que dictamine que los patriotas que repelieron con aceite hirviendo a los colonizadores ingleses eran “incitadores de la violencia”. Y no faltará el juez o la jueza que reproche judicialmente a los revolucionarios de Mayo de 1810, por no haber consultado al Rey de España para empezar a transitar el duro camino de parir una Patria independiente. Aunque en sus declaraciones lo nieguen tanto el Presidente de la Asociación de Magistrados- Dr. Recondo- como sus ad láteres, saben que lo que dijo ayer la Presidenta de la Nación sobre la Justicia es irrefutable.
El odio intestino de esa derecha es un viejo conocido en nuestra historia. Tiene altisonantes expresiones en el arco opositor, en los medios de comunicación de masas, en las cámaras empresariales, desde las del campo hasta las de la industria pesada, pasando, claro, por las del sistema financiero. Por momentos, de tan visceral, se vuelve predecible. De tan profunda e irracional, pierde el sentido del pudor público y roza el antisetimismo, como en el bloq de Clarín, o el llano prejuicio racial, como la cronista de TN que confundió con ladrones a dos chicos que ayudaban a su mamá a sacar de su casa el agua de la inundación que cubrió la Buenos Aires de Macri hace una semana.
Esa derecha no ha vacilado en bombardear la Plaza de Mayo, en prohibir a generaciones enteras siquiera pronunciar el nombre “Perón”, en entregar a precio vil la riqueza nacional acuñada durante décadas de esfuerzo social, en cometer un genocidio físico sobre la clase trabajadora, desapareciendo a sus líderes sindicales, políticos, intelectuales, de la ciencia y el arte, y encerrando en prisiones o confinando en el exilio a los que pudieran salvarse de la cacería humana.
Nosotros sabemos hasta dónde es capaz de llegar su odio. Tenemos llagas en el cuerpo social aún abiertas, humeantes de dolor, de olvido, de impunidad, que lenta y trabajosamente estamos curando, cosiendo, remendando.
Ahora es tiempo de demostrarles, y demostrarnos a nosotros mismos, hasta dónde podemos llegar con nuestro amor apasionado, terco, incapaz de la traición o la fatiga, por la causa de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.
( * ) Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

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